El miércoles 3 de julio la Jurisdicción Especial para la Paz emitió un documento de 32 páginas en el que se le negó la libertad a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar. La solicitud había sido hecha por su defensa, argumentando su nombramiento como gestor de paz por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La JEP presentó, de manera resumida, dos motivos para negar la libertad a Mancuso. Primero, debido a que su comparecencia ante esa jurisdicción está siendo estudiada por la Corte Constitucional y no se tomará una decisión hasta que haya un pronunciamiento del alto tribunal y, segundo, porque la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla negó la solicitud de libertad como gestor de paz.
En resumidas cuentas, la libertad de Mancuso se niega porque hay una “competencia de jurisdicciones”, pues diferentes tribunales llevan sus casos. Además, sigue contando con diferentes condenas.
Entre otras cosas, la Procuraduría General de la Nación considera que Salvatore Mancuso no ha cumplido con sus compromisos de verdad, justicia y reparación a víctimas.
El pasado 4 de marzo una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz había ordenado la libertad de Mancuso. Lo mismo hizo el pasado 9 de mayo Manuel Bernal Parra, magistrado de Justicia y Paz. Finalmente, estas decisiones se cayeron y Mancuso seguirá recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, cumpliendo una pena por narcotráfico.
