El primer concepto de economía que se basa en la cultura y en la propiedad intelectual para la creación de bienes y servicios, que en su mayoría provienen de las industrias culturales (como medios de comunicación, artes, tecnología, etcétera), fue desarrollado por el autor británico John Howkins en el 2001, quien le dio el nombre de economía creativa y quien ahora es visto como un padre en esta materia.
Posteriormente, en 2013, Felipe Buitrago e Iván Duque acuñaron el término economía naranja y la definieron como el “conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, teniendo el talento y la creatividad como insumos principales” en el libro ‘La economía naranja, una oportunidad infinita’, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ese mismo año.
En otras palabras, la economía naranja o economía creativa utiliza la creatividad, la cultura y la innovación para generar bienes y servicios capaces de producir beneficios sociales y económicos. Las industrias creativas son muchas: arquitectura, artes visuales, artes escénicas, cine, diseño, industrial editorial, investigación científica, moda, música, publicidad, industrias audiovisuales, nuevas tecnologías, entre otras, todas protegidas por derechos de propiedad intelectual.
En Colombia, durante 2017, la economía naranja representó 3,3% del PIB, por encima de sectores como el minero (2,2%) y el cafetero (0,8%). Es una proporción importante de la economía, en un país en el que al petróleo le corresponde 7,5% del PIB. Además, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, genera 1,1 millones de empleos directos e indirectos.
En el mundo, la economía naranja aporta 3% del PIB (equivalente a más de 2,25 billones de dólares) y 30 millones de empleos, de acuerdo con datos de 2015 de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). En Latinoamérica este sector contribuye con 6% del PIB de la región, y es muy importante en Argentina, México, Brasil y Colombia.
«En Colombia, durante 2017,
la economía naranja representó
3,3% del PIB, por encima de
sectores como el cafetero (0,8%)
y el minero (2,2%), en un país
en el que al petróleo le
corresponde 7,5%».
La Ley Naranja (o Ley 1834) se aprobó en 2017 con el objetivo de fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas colombianas y concederles mayor relevancia en la economía nacional. Es la primera de este tipo en Latinoamérica y la tercera en el mundo.
El principal objetivo de esta ley es mejorar los mecanismos de financiación, de manera que los emprendedores culturales y creativos puedan contar con créditos de largo plazo y en mejores condiciones. En la ley se establece una política de incentivos y facilidades que vincula a los ministerios de Hacienda, Trabajo, Educación, Comercio, Interior y Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y a la Dirección Nacional de Planeación, el Dane, el Sena, la Dirección de Derechos de Autor y Findeter.
Asimismo, la Ley 1834 abre la posibilidad de que se empleen nuevas formas de capital semilla, especialmente en los emprendimientos que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo, y perfecciona mecanismos alternativos de financiamiento como el crowdfunding.
¿Cómo pretende lograrlo el Estado? Trabajará con el sector privado para proteger los derechos de los creadores y ofrecerá incentivos fiscales para personas naturales y jurídicas que promuevan, patrocinen y auspicien las actividades de la economía naranja.
