Ayer jueves a las 6 de la tarde venció el plazo que tenían las dos campañas para cumplir el fallo del tribunal superior de Bogotá respecto a la realización de un debate público televisado entre los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.
Aunque desde el principio fue claro que la mera imposición de hacer el debate no resolvía asuntos claves como la producción del mismo, los moderadores y hasta el lugar de origen, la campaña de Hernández presentó en la mañana de ayer una serie de condiciones que incluían 20 temas, que se hiciera en su ciudad, Bucaramanga, y sugería moderadoras, entre otras cosas, a lo cual el candidato Petro que desde el principio dijo que estaba dispuesto a hacer el debate y a ir hasta la capital de Santander, respondió que los temas deberían ser de libre elección por los periodistas.
Mientras avanzaba el tiempo, lo que no avanzaba era la logística para la producción que debería hacerse a través de la red de medios públicos RTVC. Al final del día, el señor Hernández publicó un video donde salía él leyendo un comunicado y haciendo una interpretación particular de la situación porque a pesar de que fue su campaña la que más condiciones puso, terminó por decir que la culpa de la no realización del debate fue de su contendor.
En redes sociales y medios de comunicación, expertos y opinadores reclaman que los debates deben ser reglamentados para una próxima elección presidencial de manera que no sean tantos (en esta campaña fueron más de 20), sean oportunos, coordinados entre las campañas y con producción y transmisión pública a través de RTVC.
