De nada le sirvió al senador de ‘la U’ Eduardo Pulgar haber renunciado a su curul para quedar fuera de la órbita de la Corte Suprema, dentro de la investigación que se le sigue por presunto cohecho, tráfico de influencias y delitos relacionados con topes electorales.
Para la defensa, ninguno de los hechos por los que se le investiga a Pulgar guarda relación con las funciones congresionales.
El centro de la investigación es el audio (revelado por el periodista Daniel Coronell) y posterior declaración del juez Andrés Rodríguez Cáez, quien asegura que Pulgar le ofreció “200 barras” para favorecer en un proceso a sus amigos de la familia Acosta, sumergidos en una millonaria disputa judicial por la Universidad Metropolitana de Barranquilla, una fundación y un megahospital.
Y, para reforzar su punto, agrega que el supuesto ofrecimiento de “200 barras” al juez de Usiacurí permite concluir que de ser cierto el contenido del audio, “la herramienta de persuasión dirigida al juez habría sido el dinero y no la influencia derivada de la función de Congresista”.
Dijop, además, que los hechos que son materia de investigación se registraron cuando su representado hizo campaña para el periodo 2014 a 2018 “y no era aforado”.
Y añadió que para la época de los hechos, no existía la norma que castigaba la violación de topes, uno de los delitos que se le formularon: Ley 1864 de 2017, que crea el artículo 396B del Código Penal.
La decisión, que le será notificada a la defensa y a Pulgar, preso en La Picota, se tomó en la sesión de este jueves. En esta se recuerda que el propio Granados había solicitado que, disciplinariamente, el caso fuera asumido por la Comisión de Ética del Congreso.
