1985: un comando del entonces M19 se toma el Palacio de Justicia. El ejército emprende la retoma del edificio a sangre y fuego y se desencadena la catástrofe.
2014: El general Arias Cabrales es condenado a 35 años de prisión por la desaparición forzada de varias personas que estaban en el edificio, algunas de ellas miembros del grupo guerrillero.
2020: Arias Cabrales acude a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pide su admisión. La JEP estudia su caso, acepta su sometimiento a la justicia transicional con el compromiso por parte de ésta de abrir una investigación sobre el Palacio de Justicia y, por parte del general, de aportar a la verdad. La JEP ordena su libertad. Grupos de víctimas apelan la decisión del tribunal.
2022: La Sala de Apelación de la JEP en un comunicado expresa que “pasados dos años desde la concesión de la libertad, el general (r) Arias Cabrales no ha cumplido con sus obligaciones ante el Sistema Integral de Paz, concretamente, en lo relacionado con el esclarecimiento de los hechos, pues no atendió el llamado que en dos oportunidades le realizara la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y tampoco ha presentado el documento contentivo de su aporte a la verdad exigido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas”.
Han pasado 37 años desde el inicio de esta cronología y el brutal caso de la toma y la retoma del Palacio de Justicia sigue dando de qué hablar en los altos tribunales. Por el momento, Arias Cabrales deberá volver a prisión y si quiere seguir en la JEP deberá aportar a la verdad. Paradójicamente mientras el militar vuelve a prisión, un miembro de la guerrilla que hizo la toma sin participar en ella se posesionará como presidente de la república en pocos días.
