Citan reporte de Human Rights Watch sobre ‘comandantes del Ejército asociados con asesinatos’.

Un grupo de prestigiosos senadores de Estados Unidos envió recientemente una carta al presidente Iván Duque en que le expresan su preocupación por el nombramiento de militares en altos cargos en el Ejército pese a que sido señalados por presuntas violaciones a los derechos humanos.

En la carta, conocida por este diario, los senadores mencionan en particular el caso del actual Comandante del Ejército, Mayor General Nicasio de Jesús Martínez cuyo ascenso al grado de General será evaluado esta misma semana por el Congreso colombiano.

«Mientras consideramos el presupuesto del presidente Trump para el año 2020, que incluye un recorte de US$ 74 millones frente a los niveles actuales de ayuda para Colombia queremos hacerle saber que estamos preocupados por un reciente informe de Human Rights Watch (HWR). 

Ese reporte, Titulado ‘Colombia, Nuevos Comandantes del Ejército Asociados con Asesinatos’, documenta el nombramiento de oficiales a altos cargos en el Ejército a pesar de existir evidencia creíble de que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto», dicen en la carta Patrick Leahy, demócrata de más alto Rango en la Comisión de Apropiaciones, Ben Cardin, que ocupa ese mismo puesto en el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la cámara alta y Chris Van Hollen, miembro a su vez de este último subcomité.

En la misiva los senadores hablan del caso de Martínez y de otros ocho oficiales que nombró Duque en su cúpula militar y que aparecen en el reporte de HRW supuestamente vinculados a los llamados «falsos positivos» o ejecuciones extrajudiciales que salieron a la luz la década pasada y que consistía en asesinar a civiles y luego presentarlos como rebeldes para inflar las bajas en combate.

«Reconocemos que, como en Estados Unidos, se presume la inocencia de un individuo hasta que el crimen del que se le acusa sea comprobado. Pero eso no quiere decir que deban ser promovidos a los más a los cargos del Ejército. Por el contrario, cualquier persona que haya sido vinculado a crímenes tan terribles, como los que documenta HRW, debería ser suspendido de cargos con responsabilidad de mando y ser inelegibles para un ascenso hasta que el caso sea investigado plenamente y resuelto«, dicen los senadores tras indicar que llevan años haciéndole seguimiento al caso de los falsos positivos.

En su carta, también le expresan a Duque estar «decepcionados porque los altos oficiales que supuestamente dieron las órdenes y luego encubrieron los crímenes han evadido la justicia», y le piden remediar la situación.

El reporte de HRW al que hacen referencia los senadores es de finales de febrero de este año y dice que, en el caso de Martínez, la Fiscalía ya investiga 23 ejecuciones extrajudiciales supuestamente cometidas por soldados de la Décima Brigada Blindad en el 2005, fecha durante la cual el general era el segundo comandante de esta Brigada.

La ONG presentó a su vez un documento firmado por el entonces coronel en el que este certifica el pago de 1 millón de pesos a un informante que les ayudó en dos operaciones militares y que fueron catalogadas por Martínez como de ¨excelentes resultados¨ pero luego se determinó que soldados de la brigada habían ejecutado a dos civiles, uno de ellos una niña de 13 años.

El actual comandante del Ejército ha dicho que desempeñaba labores administrativas cuando ocurrieron los casos con los que lo relaciona HRW y que, por lo tanto, no conocía las operaciones militares en las que se le menciona. 

Además, tampoco está vinculado directamente a ninguno de esos procesos abiertos por los asesinatos y no tienen investigaciones pendientes que se conozcan.

En la carta los senadores también expresan preocupación por la seguridad del Sargento Carlos Alberto Mora, cuyo testimonio sirvió para condenar a ciertos oficiales responsables por falsos positivos.

«En el 2008 Mora ayudó al comando sur en la búsqueda de tres ciudadanos de EE.UU. que fueron secuestrados por las Farc y una década después se graduó con honores como instructor de alto rango para derechos humanos en el Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental en el Fuerte Benning. Nos preocupa que a tras su regreso a Colombia ha sido ignorado y maltratado en las fuerzas armadas. Y estamos en alarma por su seguridad tras conocer que oficiales contra los que declaró ya han salido de prisión», sostiene los legisladores antes de pedirle a Duque que lo nombre en un puesto militar en el extranjero para protegerlo.

Los senadores también le dicen al presidente que escriben como «amigos de vieja data de Colombia que llevan casi dos décadas respaldando la entrega de miles de millones de dólares para las fuerzas armada» y le ofrecen continuar con ese respaldo ahora que enfrenta dificultades para implementar los acuerdos de paz, retos en temas de seguridad y frente a la crisis que ha causado en el país el ingreso de millones de venezolanos.

Pero la mención que hacen sobre la discusión entorno al presupuesto del 2020 no es gratuita. Leahy, en particular, tiene un enorme influencia en la Comisión de Apropiaciones que es la que se encarga de asignar y autorizar los recursos que anualmente se le dan al país.

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