El pasado miércoles, el expresidente Juan Manuel Santos lo negó todo. Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en versión libre, dijo que “no hay una sola prueba” de que la multinacional Odebrecht hubiera financiado su campaña reeleccionista a la presidencia.
Pero mientras rendía su versión, en medios de comunicación resonaba la voz del empresario Andrés Sanmiguel, quien ante la justicia admitió haber sido intermediario de la entrega de al menos 3.800 millones de pesos por parte de la constructora brasileña, que habrían ido a parar a la campaña de Santos.
Valiéndose de una red de financiaciones, coimas y lobby, Odebrecht fue entre 2010 y 2016 uno de los principales contratistas del Estado colombiano que, por citar uno de los casos, le adjudicó proyectos de la envergadura de la Ruta del Sol II, por valor de cerca de 3 billones de pesos.
En Colombia, que una empresa
privada financie una campaña
política no constituye delito,
siempre y cuando el ingreso de
dinero sea reportado y se ciña
a ciertas reglas consignadas
en la Ley 1475 de 2011.
Tampoco es ilegal que una
compañía que financió un
proyecto político contrate con
el Estado. Pero esa puerta giratoria
de financiadores que se vuelven
contratistas sí genera alto
riesgo de corrupción.
Así lo advierte un informe presentado este viernes por la ONG Transparencia por Colombia, en el que revela que a una tercera parte de las empresas que financiaron campañas ganadoras a partir de 2015, les fueron adjudicados contratos públicos después de que entregaran sus aportes.
El reporte da cuenta de que, en el ámbito municipal y departamental, un 80 % de los contratos entregados a financiadores se hizo mediante la modalidad de contratación directa y un 11 % se adjudicó bajo la figura de régimen especial.
Estas dos modalidades están permitidas por la normatividad como “mecanismos excepcionales de contratación” y no requieren convocatoria pública. Están concebidas para casos en los que, por lo general, no hay pluralidad de oferentes en el mercado, sin embargo, muchas veces no es lo que ocurre.
Así lo explica Sandra Martínez, líder de Sistema Político de Transparencia por Colombia, quien señala que “uno de los temas continuos en los ejercicios de seguimiento a riesgos de corrupción es el excesivo uso de la figura de contratación directa, porque ahí las entidades tienen un poder discrecional sobre el resultado, no necesitan múltiples proponentes y pueden decidir más directamente qué es lo que quieren. En este ejercicio en particular, entre financiadores de campaña que después se volvieron contratistas, se confirma ese abuso”.
En Chocó fueron inputados los alcaldes de Bojayá, Jeremías Moreno, y de Bajo Baudó, Jhon Jared Murillo. En el primer municipio, “la Fiscalía evidenció que el actual mandatario habría entregado contratos por más de 900 millones de pesos para el suministro de insumos y servicios al señor Eberto Unfried Machado, quien donó cerca de siete millones de pesos«.
Mientras que en Bajo Baudó, el alcalde “habría entregado contratos por 353 millones y por 345 millones de pesos a los señores Eladio Urrutia y Yesid Salazar, quienes habrían financiado la campaña electoral con sumas cercanas a los 5 y 3 millones de pesos, respectivamente”, aclaró la Fiscalía.
Justamente para diferenciar una práctica ilegal de una que no lo es, cabe la conclusión de Transparencia por Colombia: “Los delitos electorales y la incursión de recursos ilícitos en la política pasan por un manejo poco riguroso del origen, monto y destinación de los recursos. Mediante la financiación se corre el riesgo de que las campañas sean capturadas por intereses privados para ejercer presiones indebidas sobre candidatos o electores”.
Director: Habib Merheg Marún
