18 de las 26 EPS que existían en Colombia para los años 2020 y 2021, se gastaron 9 billones de pesos de recursos destinados para la atención de los usuarios en asuntos diferentes. La mayoría de esas EPS siguen funcionando en la actualidad.
La grave conclusión sobre la desviación de los recursos fue dada a conocer por la Contraloría General de la República (CGR), la cual anunció reunión hoy con la Procuradora, el Defensor del Pueblo y la Fiscal General para entregarles el informe que resume la investigación que la CGR hizo a los estados financieros de las EPS en el periodo mencionado.
La CGR contrastó, además, la información de los estados financieros con la que manejan la DIAN y la Superintendencia Nacional de Salud cuyo origen es, precisamente, de las propias EPS. Es decir, lo que afirma hoy la CGR se basa en información de las propias entidades promotoras de salud.
Según el informe, entre 2020 y 2021 – en plena pandemia- varias EPS destinaron plata de la salud para comprar inmuebles, pagar altos honorarios, anticipos y millonarios pagos a IPS que no correspondían con los servicios prestados.
Se espera que el informe con esos graves datos, produzca reacciones en la justicia por parte de la Fiscalía y en lo disciplinario que depende de la Procuraduría, entidad que ha mirado para otro lado en los escándalos de la salud.
