A punto de vencerse el plazo que dio el Tribunal Superior de Bogotá para que se diera un debate entre los dos candidatos presidenciales atendiendo una tutela que así lo exigió, el candidato Rodolfo Hernández respondió que aceptaba asistir, pero al tiempo puso una serie de requisitos que, de ser aplicados, desdibujarían la naturaleza propia de eventos de ese tipo como la libertad de temas a tratar, los tiempos de respuesta y la escogencia a dedo de los periodistas moderadores. Incluso exigió que sea en su ciudad “por temas de seguridad”.
Petro respondió desde Anserma, Caldas, donde se encuentra hace varios días, que no había leído la carta pero que aceptaba el debate sin condiciones.
“De tal manera que este debate que, vía abuso descarado e inconstitucional e ilegal de una herramienta tan importante como la acción de tutela, montaron sus amanuenses debe hacerse en acatamiento al fallo de los magistrados que mayoritariamente decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista”, le dice Hernández a Petro en su carta.
Dentro de las solicitudes más absurdas de Hernández está la de pedir que una de las periodistas moderadoras sea Vicky Dávila, directora de la revista Semana que desde hace dos semanas en su revista y en sus redes sociales ha mostrado claramente su preferencia electoral.
